Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, académica de número y secretaria general de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED), publicó el pasado 20 de enero en el periódico digital «El Catalán» el estudio «Sobre las garantías procesales y España en el contexto europeo. Un análisis de cara al juicio del ‘Procés'», donde defiende la independencia de la justicia española y expone los mecanismos garantistas que ampara tanto la Unión Europea como los principales organismos e instituciones internacionales desde un ámbito estrictamente jurídico hasta el político o humanitario.
Punto por punto, la académica argumenta cómo los jueces que han instruido y juzgarán la causa cumplen los requisitos exigidos de independencia e imparcialidad, cómo se ha garantizado derecho a la defensa de los encausados y se ha respetado de forma rigurosa el derecho a la presentación de pruebas, cómo se ha garantizado la presunción de inocencia y cómo se cumplirá otro de los retos del derecho penal para dictar la sentencia dentro de un plazo razonable. Aunque Freixes también exige que, conforme al Estado de Derecho, las sentencias deben cumplirse.
«Todas estas garantías se aplican a los procesados que están en prisión, cualquiera que sea su origen, condición o situación económica -argumenta la académica-. También se aplican a los implicados en el proceso. Que quede claro, como a cualquier persona. Por ello las asociaciones de juristas europeos, la progresista Asociación Medel entre ellas, consideran a España como uno de los países más garantistas. Y por algo España es uno de los países que, teniendo en cuenta la estadística que deriva de la fecha de adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos y que no hay ningún país del Consejo de Europa que no haya sido condenado por algún tipo de violación del convenio, ha recibido menos condenas del Tribunal de Estrasburgo«.
Fundadora y presidenta de la plataforma Concordia Cívica, la académica termina su reflexión repasando los informes sobre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que sitúan a España en el grupo de cabeza de las 20 democracias plenas en garantías procesales, según recogió recientemente la revista británica «The Economist».