Teresa Freixes

Dra. Teresa Freixes

Teresa Freixes, catedrática Jean Monnet ad personam, presidenta de la organización internacional Citizens pro Europe y académica de número y vicepresidenta de la Junta de Gobierno de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED), reflexiona sobre la inmigración y la independencia judicial como retos inaplazables de la democracia española en los artículos «Independencia e imparcialidad del juez y las sentencias del Tribunal Constitucional sobre los ERE», publicado el pasado 12 de julio en el diario digital El Imparcial, y «Los desafíos para la UE y España en el marco migratorio», publicado en el también digital The Objective el pasado 20 de julio.

En el primero, la experta se pregunta por la imparcialidad de la judicatura que recogen la Constitución, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. «La independencia exige que la judicatura se encuentre libre de presiones externas o internas y que no se encuentre sujeta a influencias políticas o manipulaciones de ningún tipo, en particular de parte del poder ejecutivo, así como la necesidad de que exista realmente una apariencia de tal independencia, sin que pueda creerse que existe subordinación del juez a cualquier otro órgano o poder o a alguna de las partes del litigio. La existencia de las denominadas ‘puertas giratorias’ por las que se pasa de la ostentación de un cargo político a un puesto jurisdiccional, constituyen también, como mínimo, una quiebra de la apariencia de independencia exigible a quienes ostenten funciones jurisdiccionales. La imparcialidad, por su parte, implica una ausencia de prejuicio o de toma de posición previa, que puede ser apreciada en el ámbito subjetivo, sobre un juez concreto en un asunto concreto, o en el ámbito objetivo, para garantizar suficientemente que se pueda excluir toda duda razonable al respecto», reflexiona apelando, sin citarlos, a casos concretos de injerencias de la política en la justicia.

En este sentido, recuerda que algunos de los magistrados del Tribunal Constitucional que amparan a algunos de los condenados en diversos juicios relacionados con los ERE de Andalucía habían intervenido en los juicios previos, habían ostentado cargos o mantenían relaciones de amistad manifiesta con cargos políticos de la Junta de Andalucía. «Estamos, pues, ante un problema serio y que puede provocarnos conflictos mayores con las instituciones de la Unión Europea si no se le pone remedio. Si en los últimos Informes sobre el Estado de derecho en España, vamos descendiendo en posiciones respecto de las que teníamos con anterioridad, podemos vernos sancionados, esta vez no por falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial, que suponemos en camino razonable de superación del problema, sino por la quiebra de múltiples indicadores o criterios de verificación sobre la eficacia del Estado de derecho», concluye.

Por otra parte, en The Objective, Freixes aborda el reto migratorio que afronta Europa ante la paradoja de que con el actual marco legal no queda clara la condición real de demandante de asilo o refugio o de simple migrante de las personas que llegan al continente. «Todo esto sucede porque nuestra querida Europa, nuestra querida Unión Europea, no pone en práctica el mandato de los tratados, los propios o aquellos otros a los que ellos mismos remiten. No sé qué esperan para considerar que estamos, realmente, en una situación de emergencia. Sobre todo porque los países más afectados, los del sur de Europa (Canarias incluidas) somos frontera exterior de la Unión Europea cuya salvaguarda eficiente y correcta debe ser garantizada por la Unión», considera.

Para la vicepresidenta de la RAED, a día de hoy a los emigrantes, por razones económicas, se les aplican las normas de extranjería; a los que vienen por los otros motivos, la de asilo y refugio. «Ciertamente, la distinción entre asilo y protección subsidiaria, teóricamente está clara, pero en la práctica es difícil de atribuir la condición de uno u otra. El asilo está pensado para aquella persona que es perseguida, individualizándola, en su país de origen, por motivos de ideología, religión, raza, sexo, orientación sexual, u otras, que ponen su vida en peligro; en tales casos la persona asilada es, en principio, candidata a integrarse en la sociedad de acogida, dado que es difícil que las circunstancias cambien allí de donde ha huido», explica.

«Como no hay manera de llegar a un acuerdo razonable entre los estados miembro de la Unión Europea, el éxodo transcurre por donde puede, por donde consiguen filtrarse, si sobreviven a la travesía por el desierto o por el mar. Y los Estados miembros, no todos, afortunadamente, se resisten a ser solidarios en la respuesta europea. Pero la solidaridad no puede recaer sólo en algunos, pues se trata de uno de los valores compartidos en la Unión Europea. La responsabilidad ante la tragedia debe ser compartida», concluye Freixes.