José Mª Gay de Liébana
Profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona
Académico de número de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED)
Una cosa es la música que uno quiera oír y otra la letra. Sinceramente, la mayor movilización de recursos de la historia anunciada en tono tajante por el presidente del Gobierno me suena, con el debido respeto, a tomadura de pelo.
Vayamos por partes. Lo primero que se hace, y me parece muy bien, es poner a salvo a nuestras grandes compañías blandiendo un escudo protector ante la opabilidad -o sea, que se haga una OPA- de algunas de ellas, y evitar así que empresas estratégicas para nuestra economía caigan en manos extranjeras, de fuera de la Unión Europea, es decir, chinas o norteamericanas primordialmente.
Vayamos brevemente al meollo nuclear del anuncio del presidente del martes 17 de marzo por la tarde, a la espera de leer la letra menuda del Real Decreto, que ofrece, así de golpe, un apetitoso titular pero que a la hora de la verdad poco o muy poco o casi nada. ¡200.000 millones de euros moviliza el Gobierno!
Eso de movilizar no es lo mismo que pagar… ¿Y cómo es esa movilización? Pues de los 200.000 millones, 100.000 millones en avales públicos de préstamos que conceda la banca, que es la primera que se rasca el bolsillo, esa a la que alguna facción gubernamental quiere triturar a impuestos.
Luego, 83.000 millones de euros, atentos acá, será una movilización de recursos del sector privado, esto es, que serán empresas privadas y no públicas, las que apechugarán con la carga de poner ese dinero en nuestra economía. ¿Cuáles serán? Intuimos que las que prestan determinados servicios públicos o cuyos precios están regulados.
El resto hasta completar los 200.000 millones de euros, que son 17.000 millones, serán las ayudas directas del Estado hacia la economía que, obviamente, constituirán más gasto público, que no esfuerzo. Más deuda pública y, en consecuencia, más adelante lo acabaremos pagando a escote.
Porque luego vendrá la recuperación y ahí es, al volver a la normalidad, cuando llegue el momento del palo impositivo que, de hecho, sigue vigente en esta emergencia al igual que las cotizaciones sociales. Sinceramente, el anuncio con énfasis de nuestro presidente es bonito de oír, aunque al interpretarlo se deduce que el ajuste drástico que en las actuales condiciones exige a nuestra bamboleada economía se encuentra muy lejos de las necesidades reales.
Éste era el momento de lanzar un salvavidas a los millones de empresas que de manera muy atomizada conforman nuestro tejido empresarial, era la oportunidad para anestesiar la angustia y el estrés económico que padece nuestra economía, golpeada fuertemente por lo que constituye sin lugar a dudas una crisis disruptiva que repentinamente, en muy pocos días, ha torpedeado la economía empresarial y familiar y ha bombardeado al sector privado español.
Con el paquete de medidas implementadas, salvo que al estudiar el Real Decreto aparezca alguna reconfortante sorpresa, cosa que se antoja rara, la economía española no sale del fondo del pozo al que va cayendo. Nadie, en el Gobierno, se ha acordado de las empresas jabatas que hacen de su resistencia el más edificante ejemplo de lucha ante la crisis disruptiva. Nos esperan días comprometidos.