«La comisión Estado-Generalitat no puede entrar en la definición del marco estatal general ni incidir en las competencias del resto de Comunidades Autónomas»
Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, fundadora y presidenta de la plataforma Concordia Cívica y académica de número de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED), ha publicado el artículo «Bilateralismo versus constitucionalismo», donde alerta sobre lo que considera una interpretación de la Constitución interesada, parcial y ajena a los organismos previstos para ejercerla en el marco de la actual negociación bilateral que mantienen los Gobiernos del Estado y de la Generalitat de Cataluña. Hasta el extremo, señala la académica, de que sus conclusiones puedan afectar, directa o indirectamente, al resto de Comunidades Autónomas y al conjunto de los ciudadanos catalanes y españoles, en un estado de indefensión.
«La comisión bilateral Estado-Generalitat que se pone nuevamente en marcha no es un instrumento nuevo de cooperación. Sus funciones, similares a las del resto de comisiones bilaterales que existen en las Comunidades Autónomas, no coartan la capacidad del Estado para la definición y coordinación de las políticas territoriales, tal como ha definido el Tribunal Constitucional. Se trata, pues, de una comisión que sólo puede actuar en el marco de lo que atenga a las partes que la forman, no a la definición del marco estatal general ni a lo que pueda incidir en las competencias del resto de las Comunidades Autónomas», considera Freixes.
Dra. Teresa Freixes
La catedrática pone el ejemplo de Estados Unidos y, sobre todo, de Alemania o Austria, que funcionan dentro de la diversidad que la compleja estructura federal comporta porque sus instrumentos de cooperación política y técnica mantienen un funcionamiento regular y sirven para desbloquear las naturales divergencias que los Estados compuestos pueden presentar. «En España, por contra, el Estado mantiene competencias que no está ejerciendo y esta desidia está originando que no se controle que el desarrollo autonómico concuerde con las bases estatales, o que no se ejerzan los instrumentos de coordinación general constitucionalmente previstos», señala.
«España tiene un problema que viene de lejos y que se agudiza tras la ruptura del pacto constitucional que se produjo con los prolegómenos del Estatuto catalán de 2006 -prosigue-. Cuando estas crisis derivan en enfrentamientos como el actual pueden transformarse en crisis estructurales que enfrenten a la ciudadanía a posicionarse mentalmente en forma peligrosa si no existe un eje programático racional que permita superar adecuadamente el caos intelectual que todo ello conlleva, sobre todo teniendo en cuenta los dos grandes ejes en los que todo quisque pretende ejercer su unilateral hegemonía: la comunicación y la educación».
