Teresa Freixes
Catedrática Jean Monnet ad personam, presidenta de Citizens Pro Europe y académica de número y vicepresidenta de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED)
Teresa Freixes, catedrática Jean Monnet ad personam, presidenta de Citizens Pro Europe y académica de número y vicepresidenta de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED), impartió el pasado 9 octubre en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla la conferencia «Principio de legalidad y principio democrático en el Estado de Derecho». El acto estuvo organizado por el Seminario de Pensamiento Griego e Interculturalidad de esta facultad con el reconocimiento del Programa de Doctorado en Filosofía y fue presentado por Antonio Hermosa, catedrático de Estética y Teoría de las Artes e Historia de la Filosofía de la Universidad de Sevilla.
La vicepresidenta de la RAED explicó cómo tras la Segunda Guerra Mundial y la derrota de los totalitarismos aparecieron los tres conceptos que debían marcar desde entonces las democracias: el Estado de Derecho, la democracia y el principio de legalidad. En esa línea, el Congreso de La Haya de 1949 determinó formalmente que los regímenes democráticos debían estar fundamentados en el Estado de Derecho, la democracia, el imperio de la ley y la Declaración de los Derechos Humanos, sin que pudiese darse con legitimidad un sistema donde el Estado de Derecho fuese solo formal, sin los otros condicionantes. «No todos los países que tienen ley son Estados de Derecho. Esto que parece muy claro muchas veces es puesto en entredicho. Se considera que la democracia debe estar por encima de la ley», explicó Freixes.
La experta apeló también al principio de legalidad democrática, asegurando que no vale cualquier cosa que se pueda denominar ley, ya que debe redactarse acorde a un procedimiento adecuado y sin forzar el Estado de Derecho ni sus instituciones, por más que la legislación de urgencia corra a cargo de los gobiernos con un mínimo control parlamentario. En este sentido, destacó la ilegitimidad reconocida en España por el Tribunal Constitucional de las leyes de desconexión y autodeterminación aprobadas en Cataluña en 2017. Freixes apuntó los límites y restricciones que deben regir sobre los sistemas legales.
Sobre los sistemas electorales también destacó la paradoja de que Cataluña sea a día de hoy la única comunidad autónoma que no disponga de una ley electoral propia y siga adoptando la fijada en la transición y que, por fines políticos, el actual Estatuto de Autonomía impida que la distribución de votos por circunscripciones se modifique sin dos terceras partes del Parlamento de Cataluña. Este sistema, señaló, hace que a día de hoy un voto de la circunscripción de Lleida valga lo mismo en la distribución de escaños que tres de los de la circunscripción de Barcelona. En Estados Unidos, recordó, el Tribunal Supremo anuló por el mismo motivo el sistema electoral de Alabama tras la queja de un elector y, a continuación, el de otros cinco estados.
Dra. Teresa Freixes
Como figuras informales y dudosamente democráticas señaló como ejemplos la denominada Mesa de Diálogo entre los gobiernos de España y Cataluña o la figura del Eurogrupo de la Unión Europea. Para Freixes, ni la Constitución, ni ningún estatuto de autonomía o ninguna otra ley, española o catalana o de cualquier otra comunidad autónoma, otorgan mandato alguno a una mesa como esta, cuyos acuerdos no pueden vincular a nadie al no derivar de las instituciones ni tener un marco competencial que los encuadre, «por más que el comunicado que fue emitido al terminarse la primera reunión que la mesa realizó afirme que es una mesa de ‘diálogo, negociación y acuerdo'», señaló la vicepresidenta de la RAED. La catedrática insistió en que en un modelo de Estado diseñado por la Constitución Española no se pueden condicionar la estructura, función o contenido de las competencias constitucionales a lo que se negocie en una mesa que no tiene regulación jurídica ni está institucionalizada.
Por otra parte, la académica explicó que el Estado de Derecho es uno de los valores de la Unión Europea fijado desde sus primeros textos legales hasta llegar al Tratado de Lisboa. «Esa Unión que siempre hemos definido como comunidad de Derecho acoge estructuras jurídicas propias de los estados modernos que la hacen mucho más que una comunidad de carácter básicamente económico», señaló. El Estado de Derecho en la UE, asimismo, obliga a los estados que deseen entrar en la Unión a respetar sus valores. Y además incluye un procedimiento de sanción por la violación de estos valores. Freixes explicó que cuando un partido de ultraderecha entró en el Gobierno de Austria en el año 2000, el país estuvo suspendido en las instituciones europeas durante unos meses, hasta que se comprobó que la política de Austria no suponía una amenaza. Eso sucedió entonces de facto, pero ahora ya hay un artículo en los reglamentos de la Unión Europea que regula este tipo de actuación que puede llevar a la reclusión del estado afectado en la toma de decisiones de los organismos europeos.
