Teresa Freixes
Catedrática Jean Monnet ad personam, presidenta de Citizens Pro Europe y académica de número y vicepresidenta de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED)
Artículo publicado en el diario «El Imparcial» el 14 de septiembre de 2021
Dra. Teresa Freixes
Teresa Freixes, catedrática Jean Monnet ad personam, presidenta de Citizens Pro Europe y académica de número y vicepresidenta de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED), reflexiona en el artículo «La mesa de tres patas: ¿diálogo, negociación y acuerdo?», publicado en el diario «El Imparcial» el pasado 14 de septiembre, sobre las conversaciones que han reiniciado los gobiernos de España y de la Generalitat de Cataluña a raíz de la constitución de la denominada Mesa de Diálogo entre ambas instituciones. Se trata de un organismo informal que para la experta no tiene fundamento ni legitimidad política ni jurídica.
«Estamos a la espera de que se concrete la participación y el orden del día de una mesa de diálogo o mesa de negociación, que no sabemos bien como llamarla, puesto que en ocasiones también se la ha denominado mesa de partidos o mesa de gobiernos. Quizás la confusión se deba a que se trata de algo no definido, que no está regulado, ni en su composición o sus efectos. Por supuesto, tampoco el procedimiento que debe regir los supuestos trabajos a realizar», reflexionaba la académica poco antes de la concreción de este encuentro.
Para Freixes, ni la Constitución, ni ningún estatuto de autonomía o ninguna otra ley, española o catalana o de cualquier otra comunidad autónoma, otorgan mandato alguno a una mesa como esta, cuyos acuerdos no pueden vincular a nadie al no derivar de las instituciones ni tener un marco competencial que los encuadre, «por más que el comunicado que fue emitido al terminarse la primera reunión que la mesa realizó afirme que es una mesa de ‘diálogo, negociación y acuerdo'», señala la vicepresidenta de la RAED.
La catedrática insiste en que en un Estado compuesto, cuasi federal, como es el diseñado por la Constitución de 1978, no se puede condicionar la estructura, función o contenido de las competencias constitucionales a lo que se negocie en una mesa que no tiene regulación jurídica ni está institucionalizada. «Tendrían que decirnos qué entienden por negociación. Tendrían que explicarnos qué quieren negociar porque, a lo mejor, resulta que ello no es posible. Si lo que pretenden es cambiar cuestiones relativas a la participación de una comunidad autónoma en las instituciones españolas o establecer nuevos criterios para la financiación de esa comunidad autónoma, o legitimar la desconexión entre Cataluña y España, ello no es posible en un marco bilateral, en el que la parte, es decir, quienes dicen que representan a Cataluña, decidan por el todo, intentando sustituir a la soberanía nacional que, por definición y desde la Constitución de Cádiz, pertenece al cuerpo electoral en su conjunto a lo largo de toda nuestra historia constitucional», afirma.
