Francisco López Muñoz
Profesor de Farmacología y vicerrector de Investigación y Ciencia y director de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad Camilo José Cela. Académico de número de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED)
Artículo publicado en la edición española del portal académico «The Conversation» el 18 de febrero de 2021
Francisco López Muñoz, profesor de Farmacología de la Universidad Camilo José Cela y académico de número de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED), reflexiona sobre la tortura y malas praxis ejercidas a conciencia por los médicos en el artículo «Los médicos y la tortura: ¿cómo es posible esta relación?», publicado en la edición española del portal académico «The Conversation» el pasado 18 de febrero. El académico firma este artículo junto a la profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos I y vicepresidenta del Centro de Investigaciones sobre Totalitarismos y Movimientos Autoritarios Esther Cuerda.
«Hasta el siglo XVIII, la tortura formó parte del sistema judicial, desempeñando un papel clave en los procedimientos de enjuiciamiento, condena y sentencia. La primera vinculación legal de los médicos con la tortura hay que buscarla en la ‘Constitutio Criminalis Carolina’ (1532), cuerpo de leyes del Sacro Imperio Romano Germánico editado durante el reinado del emperador Carlos V. En este texto se establece la presencia oficial de un médico en las sesiones de tortura, con el principal objetivo de dictaminar la resistencia de los reos. En años sucesivos, se fue perfilando aún más el papel del médico en estas sesiones, en las que actuaba como un funcionario judicial más, diagnosticando las posibilidades de supervivencia y certificando la salud del penado», explican los autores la vinculación que, desde antiguo, tiene la tortura con la medicina, en tanto que práctica legal.
López Muñoz y Cuerda señalan cómo el papel de los médicos fue durante varios siglos meramente administrativo, firmando certificados o emitiendo opiniones, ya que existían varias exenciones en la práctica de la tortura (sujetos ciegos, mudos, discapacitados, enfermos comunes y enfermos mentales o embarazadas) y era el médico quien dictaminaba si un reo podía ser sometido o no a tortura. «Pero, en la práctica, su presencia en estas sesiones no era frecuente pues, en muchas ocasiones, los tribunales no disponían de dinero para pagarles», explican.
Sin embargo, es precisamente en el siglo XX cuando el uso de la tortura adquirió su máxima expresión, especialmente tras la llegada al poder de Adolf Hitler en Alemania. «El ejercicio de la tortura ya no se dirigía a la obtención de testimonios, sino que fue simplemente una herramienta de abuso físico y maltrato para asegurar el poder mediante el terror. A partir de este momento, hubo un cambio drástico en el papel del médico en relación a la tortura, pues el profesional sanitario pasó a ejercer parte activa en este proceso y colaboró en el desarrollo de nuevos métodos y posibilidades técnico-científicas. La implicación de los profesionales sanitarios se fue haciendo indispensable», detallan los autores, que lamentan cómo después del nazismo, regímenes totalitarios e incluso el Ejército de Estados Unidos entrado ya el siglo XXI han seguido utilizando la tortura.
