Daniel Berzosa, profesor de Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales de Cunef Universidad, del Instituto de Estudios Bursátiles y del Instituto de Empresa-Law & Business School, miembro de la Academia Global y del Consejo Científico del colectivo internacional Citizens pro Europe y académico de número y miembro de la Junta de Gobierno de la Real Academia Europea de Doctores (RAED), reflexiona sobre las implicaciones que para la Monarquía parlamentaria británica puede tener el procesamiento de Andrés Mountbatten, hermano del rey Carlos III, por el caso Epstein en el artículo «Andrés Windsor y el Estado de derecho», publicado el pasado 20 de febrero en el diario «ABC».
«La detención de Andrés Mountbatten-Windsor, hasta hace poco príncipe Andrés de Inglaterra, en su residencia de Sandringham ha marcado un hito en la historia contemporánea del Reino Unido. La policía inglesa ha confirmado, con una delicadeza que se aparta de su práctica habitual, el arresto de ‘un hombre de Norfolk en sus sesenta años’ por sospecha de ‘mala conducta en un cargo público’, en el marco de una investigación que ha cobrado impulso tras la publicación de documentos vinculados a Jeffrey Epstein. Como jurista, debo subrayar que detención no equivale a culpabilidad. En el sistema penal británico, como en cualquier democracia que se precie de tal nombre, la presunción de inocencia rige con la misma fuerza para un ciudadano común que para quien fue miembro de la realeza. La acusación puede implicar incluso penas privativas de libertad, pero sólo tras un proceso justo y con todas las garantías se podrá hablar de responsabilidad penal. No obstante, lo sucedido exige ir más allá de una advertencia prudencial jurídica al implicar una crisis de reputación que trasciende a un individuo», inicia el académico su artículo.
Para Berzosa, la detención de un miembro de la familia reinante no debe entenderse como un desafío a la monarquía, sino como una reafirmación de la igualdad ante la ley, destacando, no obstante, la presunción de inocencia. El experto recuerda que Carlos III ya había retirado previamente a su hermano títulos, honores y funciones oficiales con el objetivo de proteger la integridad de la Corona y evitar que su conducta personal dañara la credibilidad institucional. Unas medidas excepcionales que buscaban preservar la confianza pública y demostrar que la monarquía no está por encima de la ley. En este sentido reafirma que la legitimidad de la institución depende de su sometimiento a la Constitución, la transparencia y la ejemplaridad.
Dr. Daniel Berzosa
El experto jurista establece un paralelismo con el caso Urdangarin en España, que también evidenció la necesidad de responsabilidad y regeneración ética en la monarquía, y concluye que la fortaleza de la Corona en las democracias modernas reside en su respeto a la ley y en la confianza que inspire en la ciudadanía. «Con la detención de Andrés Mountbatten-Windsor, el Estado de derecho ha hablado con firmeza. Ahora la reputación institucional se jugará, como siempre, en el terreno de la justicia, la verdad y la percepción ciudadana. Porque en las democracias avanzadas, la Corona conserva primeramente su significado cuando está sometida a la Constitución y la ley, y, sobre todo, el público lo cree», finaliza su reflexión.
Berzosa es miembro de la Sociedad de Diplomacia y Ciencias Políticas de Estados Unidos, coordinador del Observatorio Internacional de la Regulación de las Entidades del Sector Público de la Universidad de Santiago de Compostela, miembro de los comités organizadores de los congresos del World Law Congress de Cartagena de Indias 2021 y Madrid 2019 y autor de libros y artículos científicos publicados en revistas de prestigio. Es asimismo un reconocido divulgador de temas legales y ciencias políticas en los principales medios de comunicación españoles.
