El historiador mexicano Enrique Sada, colaborador de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED), reflexiona sobre el resultado y la baja participación en la reciente consulta sobre la revocación de mandato a la que se sometió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el artículo «Un presidente pequeño», publicado en el portal especializado Código Libre el pasado 14 de abril. La cita atrajo apenas al 17,5% del electorado, que dio su apoyo al mandatario de forma casi unánime: un 91,5% de los votantes mostraron su apoyo al presidente, pese a que él mismo denunció las dificultades que había puesto el Instituto Nacional Electoral en la jornada.
«Con todo el poder de la presidencia de la República, con el uso y abuso del erario público, la utilización de aviones del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, con el secretario de Gobernación violando la ley cínicamente -usando los mismos para hacer campaña a favor del presidente en varios estados del país- y aún con el acarreo bajo amenaza de quitarle apoyos a los sectores menos favorecidos, los resultados fueron negativos: de 30 millones que lo llevaron a la presidencia en el 2018 solo 14,9 millones, con trampas y coerción, avalaron la permanencia del inquilino del Palacio Nacional», señala Sada en su artículo.
En cualquier caso, las cifras de la votación quedaron muy lejos del 40% fijado por la ley mexicana para que la decisión fuera vinculante. De ahí que el propio presidente anunciase la posibilidad de reducir el umbral de participación para futuras consultas. “Pensamos que es muy alto el 40%. Vamos a hacer reformas para que pueda reducirse y que sea del 30% o incluso del 20%”, señaló en su comparecencia para valorar el resultado. Los principales partidos de la oposición al Gobierno de López Obrador defendieron la abstención que finalmente se impuso con claridad.
Sada critica también el elevado coste de la consulta y las amenazas surgidas desde el propio seno del Gobierno por la elevada abstención. «Pese a presumir este ejercicio innecesario que nos costó más de 1,500 millones de pesos, tratando de venderlo como triunfo al día siguiente, las reacciones violentas de su Gabinete no se hicieron esperar, teniendo como ejemplo a Pablo Gómez, quien desde la Unidad de Inteligencia Financiera y haciendo interpretación subjetiva de la Constitución amenazó con que el voto para la revocación de mandato era obligatorio y quienes no votaron el domingo 10 de abril pueden ser sancionados con la suspensión de todos sus derechos políticos durante un año. A final de cuentas, 8 de cada 10 mexicanos despreció la revocación como una farsa impuesta por un presidente disminuido que eligió competir contra sí mismo, con todos los recursos del erario, con todo el poder del Estado, y que perdió», concluye el autor.