José Mª Gay de Liébana
Profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona
Académico de número de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914 (RAED)
El rescate seguirá teniendo un precio
Escribía el otro día, antes de que se llegara a un pacto de circunstancias prácticamente al límite del tiempo concedido, decía que el Jueves Santo era jueves de dolor y de rabia contenida al constatar la inacción de Europa para reaccionar con prontitud ante una crisis económica que dejará por doquier, y más aún en España, numerosas víctimas en forma de desaparición de empresas, sobre todo pequeñas, autónomos y millones de puestos de trabajo.
Querría pensar que la vicepresidenta económica del Gobierno tiene razón cuando dice que España no necesita utilizar «ningún mecanismo de acceso a liquidez», dado que hasta la fecha el Tesoro se ha financiado bien en cuanto a vencimientos, demanda y tipos de interés.
Sin embargo, conociendo la situación de la economía española y su mayor sensibilidad al impacto de la Covid-19 a tenor de nuestro modelo productivo en comparación con otros países, sabiendo de qué pie calzan y lo vulnerable de nuestras deficitarias y erráticas cuentas públicas, oteando el horizonte de los próximos meses, siento discrepar por completo de la ministra Calviño. España va a necesitar ayuda de Europa y no precisamente un pico millonario, sino miles de millones de euros, porque no está en disposición de encajar el duro varapalo no solo de la crisis económica que directamente causa la Covid-19, sino de sus secuelas en nuestro panorama económico.
Los desgarradores guarismos de las finanzas públicas españolas, por más que ahora se ponga un parche a modo de préstamo europeo para sufragar, con un 2% de nuestro producto interior bruto -unos 24.000 millones de euros-, los daños directos causados por la plaga, no se sostienen por sí solos. Será preciso enderezar el rumbo de nuestras cuentas, recurriendo a auxilios adicionales y externos a causa de su insostenibilidad.
No sé por donde saldrá el sol en Bruselas durante las próximas semanas y meses y desconozco si el Eurogrupo irá alcanzando más puntos de entendimiento plasmados en acuerdos entre un norte exigente en condicionalidad y un Sur que quiere el dinero sin condiciones.
En lo estructural, que es el desfase de nuestras finanzas públicas, seguimos sin respuesta concreta de Europa ante el desgarro económico que se gesta. España, como Italia, pide mutualizar deuda, emisión de coronabonos, contar con un fondo europeo común de rescate por los impactos simétricos del coronavirus, aunque hay que partir a modo de premisa de las cuentas nacionales de cada Estado porque unos, los del Norte, lucen sus finanzas limpias como una patena y otros, los del Sur, ofrecen un cuadro numérico desaliñado.
Dr. José María Gay de Liébana
Esa pérdida de tiempo supondrá un golpe mortal de necesidad para sendas economías: Italia y España. Sospecho que no tardaremos en ver por acá a unos personajes de rictus serio, trajes oscuros, portando carteras con documentos, provistos de lupas de aumento para descifrar nuestras cuentas públicas y escudriñar la quintaesencia de nuestra economía. En efecto, ¡los hombres de negro!
Las aristas de la crisis
Varias son las aristas de la guerra del coronavirus: crisis sanitaria, donde se batalla cada minuto en inferioridad de condiciones para combatir al virus patógeno; crisis económica, embrionaria, aunque en ciernes y cuya dimensión es entre desconocida e incalculable; crisis social y crisis política.
Objetivo prioritario hoy es el de la sanidad a fin de controlar la epidemia y contener su propagación. ¿Con qué recursos cuentan nuestros servicios sanitarios? ¿Por qué tanto recorte en los presupuestos de Sanidad si, por el contrario, el gasto público ha aumentado de 459.000 millones de euros de 2008 hasta 522.000 millones de 2019? ¿En qué se han gastado nuestros dineros, los de nuestros impuestos y cotizaciones sociales?
La crisis sanitaria se complica por nuestra demografía y el envejecimiento de la población, agravándose por una estructura territorial caracterizada por masivas concentraciones en grandes urbes que propaga la enfermedad.
La crisis económica arranca con el parón en seco de toda actividad productiva, comercial y de servicios, y la hibernación decretada por el Gobierno. En la cuerda floja están los autónomos y las pymes; las grandes empresas también sufren.
Vendrá más gasto público en sanidad, ayudas y subsidios, con menos ingresos tributarios y cotizaciones por mor de la adversidad económica.
¿De dónde saldrá el dinero para pagar el mayor desajuste aún de nuestras calamitosas cuentas públicas? Y más preocupación ante la incertidumbre sobre la viabilidad empresarial causada por el Gobierno.
La crisis social estallará por la acumulación de los ERTE, luego ERE, concursos de acreedores, insolvencias, destrucción de empresas, paro a mansalva, desigualdades, repunte de pobreza, revueltas sociales, confinamiento de la población y el creciente malestar social que reemplazará las virtudes del bienestar.
La crisis política fragua por la falta de reacción y de medidas urgentes eficaces, en un contexto de inseguridad, buscando responsables, con desencuentros radicales y unas finanzas públicas en jaque. Tiempos tormentosos los actuales y mucho nos tememos que los venideros.
Capacidad de endeudarse
El 2 de marzo de 2012, España firmó, como parte contratante, el «Tratado de estabilidad, coordinación y gobernanza en la Unión Económica y Monetaria», la zona euro. ¿Objetivos? Cumplir con la necesidad de que los gobiernos tengan unas finanzas públicas saneadas y sostenibles, evitando el déficit excesivo, en aras de salvaguardar la estabilidad de la zona euro.
¿Cuáles son sus parámetros? Que la deuda pública sobre el PIB no supere el 60% del PIB y que el déficit público no exceda del 3% del PIB a precios de mercado.
Si España cumpliera el requisito del 60% de deuda pública sobre PIB, nuestra deuda sería, al cierre del año 2019, de 747.198 millones de euros.
¿A cuánto asciende nuestra deuda pública al concluir 2019? A 1.188.862 millones de euros. Sobre un PIB a precios de mercado de 1.245.331 millones de euros, nuestra deuda según el Protocolo de Déficit Excesivo equivale al 95,46%.
¿Cuántos miles de millones de euros exceden del 60% pactado de deuda pública sobre PIB? ¡441.664 millones de euros! ¿Por qué? A causa del déficit público que hemos ido acumulando y que solo en 2018 y 2019 se ha situado por debajo del 3% (2,54% y 2,64%, respectivamente).
¿Qué pasaría ahora si España tuviese una deuda pública de 747.198 millones de euros, es decir, del 60% del PIB? ¡Pues, qué podríamos endeudarnos y recabar recursos con los que combatir el maldito virus!
Éste ha sido uno de los puntos clave, a modo de estigma en nuestras finanzas públicas, de las largas conversaciones, renuencias, desencuentros y búsquedas de soluciones algo ambiguas de las reuniones del Eurogrupo para establecer líneas del crédito del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) para Estados en problemas, créditos del Banco Europeo de Inversiones para empresas y programas, sin abordar los manidos eurobonos. Al final, tras no pocos tira y afloja, reuniones a dos bandas, intermediación francesa exhibiendo dotes diplomáticas templando radicalismos norteños con reivindicaciones sureñas, pulsos entre los «halcones» del norte de Europa y las «palomas» del sur, se ha arbitrado una solución más o menos salomónica: se desbloquean 540.000 millones de euros como salvavidas, aunque a título de préstamo, para las economías europeas golpeadas por el coronavirus, cuya letra pequeña, donde siempre surgen las sorpresas, está por ver, analizar e interpretar.
Sin duda, nuestro problema estriba en el abultado saldo de nuestra deuda pública y en los desgarradores guarismos del déficit público. Sirva a modo de ilustración sobre las cautelas de los volúmenes de deuda una referencia a sendas empresas que están ayudando millonariamente a España y los españoles en este trance de la Covid-19: Mercadona tiene una deuda del 16% sobre sus ingresos e Inditex del 27%. Hechos y no palabrería de derechos sociales y Agenda 2030.
Dependencia de China: el desafío de la reindustrialización de España
China es la fábrica del mundo. La dependencia que tiene Europa y, sobre todo, España de China es absoluta. Productos sanitarios y muchos otros se fabrican allí. Estamos con el alma en vilo por si llegan o no los pedidos procedentes de China. Antaño decidimos deslocalizar nuestra industria. ¡Qué viva la globalización! ¡Qué fabriquen ellos!, por los chinos, y nosotros comercializamos. No sólo fabrican los chinos. Vietnam, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Malasia -países agrupados bajo el acrónimo de ASEAN, Asociación del Sudeste Asiático– emergen como polos manufactureros. Nos desindustrializamos; ellos se industrializaron. Deslocalizamos para rebajar costes y abaratar mano de obra y, también, por la inaguantable caterva de impuestos, trabas y burocracias del Estado autonómico.
España adelgazó su estructura industrial y hoy la industria manufacturera sólo aporta el 11% del PIB español, una nimiedad. Lo peor es que dependemos de que China y sus países satélites fabriquen y que productos sanitarios y otros «made in China» lleguen aquí. Estamos en manos de los chinos. Perdimos la independencia industrial y hoy tememos el desabastecimiento de productos necesarios para encarar esta guerra que libramos contra el virus enemigo. Lo barato sale caro.
Esta dependencia de China y de los países asiáticos deja al descubierto otra fragilidad de España. Elegimos un modelo productivo facilón, cortoplacista, de servicios y comercio «low cost», turismo de masas y pelotazos. Perdimos visión de futuro, caímos en la miopía económica. Hay que repensar la nueva España y poner en marcha, con prontitud, una rauda reindustrialización manufacturera y apostar fuertemente por la industria tecnológica. Nos va en el envite el presente y también el futuro de España.
Ese proceso de reindustrialización, junto al impulso para nuestra economía del sector primario, con protagonismo descollante de la actividad agrícola y ganadera, está en sintonía con la filosofía que años atrás, entre 1964 y 1975, marcaron los planes de desarrollo económico y social en España, con el objetivo de promover el crecimiento económico y el nivel de vida del país, potenciando expansiones selectivas de sectores, creando polos de desarrollo que redujeran desequilibrios territoriales, incentivando la promoción industrial y que sirvieran para descongestionar concentraciones masivas en conurbaciones y, sobre todo, creando empleo de calidad y riqueza.
La crisis de la Covid-19 propicia, eso sí, con carácter inmediato, entre otros designios, repoblar la España despoblada, el aprovechamiento y rentabilización de infraestructuras existentes a la vez que completar algunas otras imprescindibles -como las mismas sanitarias- para perseguir la armonía del equilibrio territorial mencionado, acunar y poner en marcha enseguida, dentro de 2020, polos de desarrollo económico, industrial, agrario, tecnológico, de servicios con alto valor añadido, contando además con otra ventaja adicional y clave: las universidades que durante los últimos años han nacido en muchos rincones de la España interior y periférica que tendrían que convertirse en ejes vertebradores de los planes de desarrollo económico y social. La creación de empleo de calidad sería una solución efectiva y desde luego mucho más positiva que pensar en la idea de una renta básica universal para millones de personas. Pero las decisiones se han de tomar enseguida, pensando en la reconstrucción inmediata de la economía española.
